El general Francisco Javier Marcos, jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), compareció al mediodía en el cuartel general de Torrejón de Ardoz para informar sobre el desarrollo de la crisis provocada por la reciente DANA. Durante la rueda de prensa, Marcos remarcó la disposición inmediata de las Fuerzas Armadas para asistir a la Comunidad Valenciana desde el inicio de la emergencia, señalando además que las complejas normas autonómicas regulan las decisiones en la coordinación de los operativos. “La responsabilidad de dirigir la emergencia, así como de decidir a dónde nos dirigimos y cuándo, es de la comunidad autónoma”, afirmó, haciendo eco de las restricciones burocráticas que complican la respuesta rápida en situaciones de desastre.
Marcos respondió así a las críticas vertidas por Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, quien cuestionó la falta de agilidad en la respuesta militar y la demora en la emisión de la alarma. El alto mando de la UME explicó que, debido a las regulaciones, la unidad solo puede actuar bajo autorización de la autoridad autonómica, subrayando que no posee atribuciones para decidir su despliegue de manera autónoma: “El director de la emergencia es quien da la autorización para que la UME ingrese en las zonas afectadas; sin esa autorización, estamos atados de manos”.
El número de efectivos ha crecido en respuesta a las condiciones sobre el terreno, pasando de los iniciales 2,500 a los 6,600 actuales, y se espera que ascienda a 7,800 militares al final del día. Marcos precisó que en cuanto la Generalitat concedió la autorización, el batallón número 3 de la base Jaime I en Bétera fue el primero en llegar a las áreas de mayor devastación, incluyendo Utiel y Requena. A pesar de ello, solicitó “paciencia” debido al caos en las infraestructuras, que ralentiza las labores de rescate y apoyo logístico.
La comparecencia de Marcos tuvo lugar tras una reunión del Comité de crisis, presidida por el rey Felipe VI y a la que asistieron el presidente Pedro Sánchez, ministros y altos cargos, con el fin de coordinar los esfuerzos de respuesta y despliegue de recursos. La gravedad de la situación se evidenció con la habilitación de una morgue temporal para 400 víctimas, en respuesta a las duras cifras de la tragedia.
En un esfuerzo por redoblar la atención a las regiones afectadas, el Gobierno y la Generalitat Valenciana han establecido cinco grupos de respuesta inmediata, con representantes de las áreas de sanidad, infraestructuras, servicios sociales, empleo y seguridad interior. Cada grupo cuenta con la colaboración de ministros y consejeros, reflejando una estructura organizativa que, aunque abultada, evidencia las complejidades de la cooperación interinstitucional en el marco autonómico. No obstante, este entramado administrativo y la dependencia de decisiones autonómicas suscitan interrogantes sobre la efectividad de la respuesta ante crisis humanitarias de gran magnitud.
Este episodio pone de manifiesto el laberinto burocrático y las barreras que las autonomías y las leyes nacionales imponen en situaciones de emergencia, donde cada minuto resulta vital.
